En medio de innumerables acciones de protesta ciudadana contra la pretensión de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana de permitir la construcción de una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos a tan solo 3 kilómetros de un área densamente poblada, la Conselleria de Sanidad de la misma comunidad ha publicado recientemente en el DOCV la concesión de 2 millones de euros a la mercantil Reyval ―empresa adjudicataria de la licencia de construcción de la referida incineradora— para “gestionar, transportar y eliminar" residuos provenientes de hospitales valencianos.La noticia ha generado una gran indignación entre los ciudadanos de la comarca de L´Alcalatén y de los pueblos cercanos e igualmente afectados, quienes no entienden la falta de sensibilidad de Conselleria ante lo que consideran un grave problema tanto para su integridad física como para el desarrollo económica y medioambiental de todo el territorio afectado.
Comunicados como éste han socavado definitivamente la ya de por sí maltrecha confianza de los ciudadanos y ciudadanas en la capacidad de la política y de los políticos valencianos para hacer frente y responder a las demandas legítimas en juego, expectativas cuya correcta satisfacción determina la credibilidad y legitimidad última de la actividad política. De ahí que desde diferentes grupos y colectivos se haya empezado a recurrir a instituciones y organizaciones externas, como el Parlamento Europeo, para encontrar una solución al conflicto.
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