En medio de innumerables acciones de protesta ciudadana contra la pretensión de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana de permitir la construcción de una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos a tan solo 3 kilómetros de un área densamente poblada de l’Alcora, la Conselleria de Sanidad de la misma comunidad ha publicado recientemente en el DOCV la concesión de 2 millones de euros a la mercantil Reyval (empresa adjudicataria de la licencia de construcción de la referida incineradora) para “gestionar, transportar y eliminar" residuos provenientes de hospitales valencianos, formando parte de una UTE (unión temporal de empresas) junto a otra empresa de tratamiento de residuos, LGA.
La noticia ha causado verdadera indignación entre la población afectada y solo ha conseguido que aumenten el número de peticiones y quejas tanto a Europa como al Síndic. Los ciudadanos de la comarca no entienden la falta de sensibilidad de Conselleria ante lo que consideran un grave problema tanto para su integridad física como para el desarrollo económico y medioambiental de todo el territorio afectado.
Según la Ptaforma, noticias como esta socavan definitivamente la ya de por sí maltrecha confianza de los ciudadanos y ciudadanas en la capacidad de la política y de los políticos valencianos para hacer frente y responder a las demandas legítimas de la población, expectativas cuya correcta satisfacción determina la credibilidad y legitimidad última de la actividad política. De ahí que desde diferentes grupos y colectivos se haya empezado a recurrir a instituciones y organizaciones externas, como el Parlamento Europeo, para encontrar una solución al conflicto.
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