Isabel Bonig cree “legítima” la pretensión de Conselleria de instalar una incineradora en L´Alcora

La Asamblea de las Corts Valencianes del 16 de septiembre de 2011 ha dado un poco de miedo, pero sobre todo ha generado más indignación si cabe entre la gran mayoría del pueblo de L´Alcora y sus alrededores al no ofrecer ninguna respuesta plausible a sus reivindicaciones sobre la incineradora que pretende construir Reyval.

Durante el transcurso de la sesión, la Cosellera Isabel Bonig ha hablado en todo momento bajo un tono innecesariamente amenazador y con una retórica cargada de eufemismos malintencionados al más puro estilo George W. Bush. De hecho, durante toda su intervención no ha parado de repetir "valorización energética" para referirse al caso de incineración de productos tóxicos y muy peligrosos que quiere construir a tan sólo 3 kilómetros de un pueblo de 11.000 habitantes; de hablar de la supuesta "legitimidad" que otorga una mayoría ―simple― en las urnas a todas sus acciones y decisiones políticas presentes y futuras (por cierto, eso tiene un nombre en la teoría moral y política: "dictadura de las mayorías"); y de recordar una y otra vez que lo legal está por encima de lo moral: "Si es legal, se hará".

Me hubiera gustado estar en la Asamblea de les Corts Valencianes para poder recordarle y aclararle a la Consellera Isabel Bonig varias cosas:

1. Que un gran número de los votantes de los que tanto ha alardeado durante su intervención están indignados con la Generalitat por obviar con descaro y alevosía los intereses legítimos de la ciudadanía en contra de la incineradora de Reyval en L´Alcora.

2. Que la división de poderes en España es una pantomima de primer orden, puesto que esas leyes de las que tanto ha hecho gala en su discurso las ha hecho y aprobado el propio poder ejecutivo. O sea, la misma Generalitat que ha concedido el permiso a la mercantil Reyval para construir la incineradora a 3 kilómetros de L´Alcora.

3. Que existe una gran diferencia entre lo que se considera “vigente” y lo que es “válido”. Si fuera lo mismo, como la Consellera Isabel Bonig presupone, ella no sería hoy Consellera, posiblemente ni tendría derecho a trabajar, y mucho menos a rebatirle a un hombre en público aunque fuese para defender el derecho más fundamental. Que las leyes sean vigentes no significa que sean justas. Por eso cambian, por eso se adaptan a los nuevos tiempo, a los mínimos de justicia compartidos por una sociedad plural como la valenciana.

4. Y finalmente le recordaría que también las leyes de Nuremberg eran leyes, y que como ésta atacaban los derechos fundamentales de las personas. "Sí es legal, se hará" es una de las mayores aberraciones que se pueden decir en un discurso político donde, supuestamente, se defiende el interés común mediante las reglas de la argumentación. En la Alemania nazi era legal matar personas por el simple hecho de pertenecer a una determinada religión, pero evidentemente no legítimo. La legitimidad sólo la puede otorgar el acuerdo intersubjetivo de todos los afectados por esa ley o norma. En la Comunidad Valenciana también puede ser legal montar una incineradora en L´Alcora, pero no es legítimo, puesto que no se ha conseguido generar el sentido necesario para que se plasme el acuerdo con todos los afectados por la incineradora de Reyval.

El pueblo de L´Alcora reclama ser reconocido como interlocutor válido capaz de aportar argumentos válidos a favor o en contra de una determinada ley, norma, acción o decisión que le afecte. Este no es un interés particular o colectivo como el que ha defendido la Consellera en les Corts Valencianes apelando a la ley vigente, que no válida, sino universal y legítimo. Hablamos de autonomía, de justicia, de participación, de respeto activo y recíproco, de responsabilidad, de igualdad. Por ello, la actitud de la Consellera remitiendo todas las quejas, argumentos y razones aportados por los ciudadanos de gran parte de Castellón a la ley vigente, que no válida, es inmoral, ya que atenta, en primer lugar, a la dignidad de las personas al no reconocer en ellas sus capacidades comunicativas para poder alcanzar acuerdos sobre aquellas cuestiones, normas o acciones que le afectan y competen. O lo que es lo mismo, ataca directamente su nivel de autonomía, su libertad, un derecho inalienable y básico para el desarrollo de todo ser humano. Y en segundo lugar, porque pasar por encima del sentir de todo un pueblo escondiéndose tras la ley y los votos recibidos en las urnas sin escuchar aquello que los afectados tienen que decir al respecto, es tratar a las personas como simples medios para conseguir un objetivo particular y no como lo que son, un fin en si mismos. Los seres humanos, Señora Consellera, están dotados de valor y no precio, y utilizarlos estratégicamente para la satisfacción de objetivos particulares es de todas todas inmoral.

El pueblo de L´Alcora lo único que está pidiendo, y no es poco, es que se reconozca su derecho fundamental a participar de aquello que le afecta, de poder aportar dentro de un discurso práctico argumentos a favor o en contra de una determinada acción o decisión económica o política. Y esto es lo que la ciudadania está intentando hacer desde hace más de dos meses sin recibir respuesta por su parte. Señora Consellera, si en la Comunidad Valenciana existe una ley que permite construir una incineradora de residuos tóxicos y muy peligrosos 3 kilómetros de un núcleo poblacional, entonces es que esa ley necesita ser cambiada inmediatamente. Porque es una solemne barbaridad, porque la maximización del beneficio económico de unos pocos está generando altas dosis de malestar, desconfianza, desesperación e indignación entre la sociedad afectada, y porque esa decisión no depende de usted señora Consellera, depende del pueblo, de los ciudadanos y ciudadanas en los cuales reside el poder y el sentido último de la política. Los políticos deben fagocitar las exigencias legítimas de sus ciudadanos, aquellas cargadas de buenas razones o argumentos, y ejecutarlas convirtiéndolas en ley a través del discurso político. Si no entiende eso, entonces no entiende la política y debería dejar su cargo.

Fuentre: Patri Calvo