Esta petición fue trasladada de manera urgente, mediante una reunión, al resto de portavoces municipales, a los miembros de la Plataforma No a la Contaminación, a las asociaciones vecinales y al Grupo de Participación Ciudadana. Con el consenso de todos, se acordó recurrir a los servicios jurídicos para trazar las líneas de actuación para impedir la ubicación de la infraestructura.
Por parte del consistorio aseguraron que esta solicitud seguirá el mismo procedimiento administrativo que otras procedentes de otras mercantiles, aunque la alcaldesa, Merche Mallol, recordó que “tal y como está redactado el actual Plan General de Ordenación Urbana, que regula el suelo industrial, no se permite la instalación de esta infraestructura”.
El programa no contempla la ubicación de empresas consideradas como “muy peligrosas y una incineradora de desechos tóxicos recibe esta catalogación. En caso de que se construyera, estaría fuera de la ley”, aseveró al respecto.
A EXPENSAS DEL RECURSO
Por otra parte, el Ayuntamiento está a la espera de la resolución del recurso de alzada presentado ante la Conselleria de Medio Ambiente contra la autorización ambiental que emitió la Administración autonómica a la infraestructura.
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