Durante las últimas semanas, el Grup de Participació Ciutadana 2.0 contra la incineradora ha enviado, tanto a los ayuntamientos como a los partidos de la oposición, información relativa a las consecuencias que esta instalación tendría sobre la ciudadanía. Además de numerosas propuestas de acción encaminadas a la paralización del proyecto.
El pasado 16 de noviembre el Grup de Participació Ciutadana 2.0 comenzó a enviar un correo a los ayuntamientos y partidos de la oposición de los pueblos y ciudades afectadas advirtiéndoles de que se encontraban dentro del posible radio de influencia de la incineradora. En él se incluyen una serie de estudios y bibliografía que argumentan científicamente la relación existente entre las incineradoras de residuos tóxicos y peligrosos y la salud de todas las personas que habitan en un radio mínimo 25 kilómetros. Algunos de los efectos más destacados son cáncer y leucemias infantiles, malformación de fetos, anomalías hormonales en niños, trastornos pulmonares, aumento de la mortalidad en general y un largo etc.
Además, como zona afectada, se les solicita ser parte activa en la resolución del conflicto y que para ello emprendan aquellas acciones que todavía no hayan puesto en marcha y todas las que en su opinión puedan ser útiles para proteger la salud de los habitantes en dichos municipios. Algunos ejemplos de estas posibles acciones son:
- Solicitar públicamente a Conselleria de Medio Ambiente la paralización de la AAI concedida a la empresa Reyval Ambient, S.L.
- Solicitar públicamente a Conselleria de Medio Ambiente la revisión del PIR para que aclare la ubicación futura de este tipo de instalaciones a nivel autonómico.
- Solicitar públicamente a Conselleria de Sanidad la anulación de la AAI aprovechando las competencias sanitarias que tienen los ayuntamientos.
- Modificar las normas urbanísticas municipales para que expresen claramente la imposibilidad de instalación de incineradoras en suelo urbano industrial.
- Modificar el PGOU de su municipio para que en cualquiera de los tipos de suelo no urbanizable común no se permitan, a través de Declaraciones de Interés Comunitario, proyectos de tratamiento de residuos que incluyan la incineración.
- Realizar acciones de sensibilización y concienciación para la ciudadanía a través de sus concejalías de medio ambiente y sanidad.
- Utilizar el gabinete de comunicación de su ayuntamiento y los medios de comunicación locales con los que pueda contar para informar a sus ciudadanos de las consecuencias para la salud de esta instalación y de las acciones que desde el ayuntamiento se estén llevando a cabo.
De este modo, dichos documentos se han hecho llegar ya a las poblaciones de Castellón, Vila-real, Onda, Benicàssim, Almassora, Borriol, la Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró y l’Alcora. Y continuarán haciéndose llegar al resto de municipios afectados, ya que queremos recordar que los vientos y las aguas no entienden de términos municipales y, aunque esté previsto instalar la incineradora en el término de l’Alcora, las dioxinas, furanos y PCBs que significarían la instalación de la incineradora de residuos tóxicos y peligrosos proyectada por Reyval Ambient y autorizada por la Conselleria de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio podrían afectar gravemente a la salud de todos sus habitantes.
El pasado 16 de noviembre el Grup de Participació Ciutadana 2.0 comenzó a enviar un correo a los ayuntamientos y partidos de la oposición de los pueblos y ciudades afectadas advirtiéndoles de que se encontraban dentro del posible radio de influencia de la incineradora. En él se incluyen una serie de estudios y bibliografía que argumentan científicamente la relación existente entre las incineradoras de residuos tóxicos y peligrosos y la salud de todas las personas que habitan en un radio mínimo 25 kilómetros. Algunos de los efectos más destacados son cáncer y leucemias infantiles, malformación de fetos, anomalías hormonales en niños, trastornos pulmonares, aumento de la mortalidad en general y un largo etc.
Además, como zona afectada, se les solicita ser parte activa en la resolución del conflicto y que para ello emprendan aquellas acciones que todavía no hayan puesto en marcha y todas las que en su opinión puedan ser útiles para proteger la salud de los habitantes en dichos municipios. Algunos ejemplos de estas posibles acciones son:
- Solicitar públicamente a Conselleria de Medio Ambiente la paralización de la AAI concedida a la empresa Reyval Ambient, S.L.
- Solicitar públicamente a Conselleria de Medio Ambiente la revisión del PIR para que aclare la ubicación futura de este tipo de instalaciones a nivel autonómico.
- Solicitar públicamente a Conselleria de Sanidad la anulación de la AAI aprovechando las competencias sanitarias que tienen los ayuntamientos.
- Modificar las normas urbanísticas municipales para que expresen claramente la imposibilidad de instalación de incineradoras en suelo urbano industrial.
- Modificar el PGOU de su municipio para que en cualquiera de los tipos de suelo no urbanizable común no se permitan, a través de Declaraciones de Interés Comunitario, proyectos de tratamiento de residuos que incluyan la incineración.
- Realizar acciones de sensibilización y concienciación para la ciudadanía a través de sus concejalías de medio ambiente y sanidad.
- Utilizar el gabinete de comunicación de su ayuntamiento y los medios de comunicación locales con los que pueda contar para informar a sus ciudadanos de las consecuencias para la salud de esta instalación y de las acciones que desde el ayuntamiento se estén llevando a cabo.
De este modo, dichos documentos se han hecho llegar ya a las poblaciones de Castellón, Vila-real, Onda, Benicàssim, Almassora, Borriol, la Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró y l’Alcora. Y continuarán haciéndose llegar al resto de municipios afectados, ya que queremos recordar que los vientos y las aguas no entienden de términos municipales y, aunque esté previsto instalar la incineradora en el término de l’Alcora, las dioxinas, furanos y PCBs que significarían la instalación de la incineradora de residuos tóxicos y peligrosos proyectada por Reyval Ambient y autorizada por la Conselleria de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio podrían afectar gravemente a la salud de todos sus habitantes.
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