La consellera de Medio Ambiente afirma que no revocará la autorización otorgada a la incineradora si ésta cumple con la legalidad. Los ciudadanos de los municipios afectados se impacientan ante la pasividad de Conselleria, que se niega a dar una respuesta a los Recursos presentados en contra del proyecto.
Isabel Bonig ha afirmado hoy que su departamento sigue estudiando los Recursos a Mano Alzada presentados por el Ayuntamiento de l'Alcora y otras asociaciones ecologistas contra la adjudicación, por parte de la Conselleria de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio, de una Autorización Ambiental Integrada al proyecto de Reyval SL de construcción de una incineradora de residuos peligrosos en el municipio alcorino.
Refiriéndose a la AAI, ha afirmado que “si en principio la empresa cumple la legalidad, será difícil denegárselo”. El Grupo de Participación Cuidadana 2.0 No a la Incineradora de l'Alcora considera que esta declaración se enmarca dentro de la estrategia de Bonig de prorrogar su respuesta a un recurso que lleva más de tres meses sobre la mesa de su despacho, y que había prometido resolver el pasado día cinco. Ante esta situación, el Grupo desea recordar que:
1. Lo que se cuestiona en el Recurso es precisamente la legalidad del proyecto de construcción de la incineradora, sobre la base de dos argumentos claros y distintos: en primer lugar, el proyecto es incompatible con el plan general de ordenación urbana de l'Alcora; en segundo, las diversas modificaciones que dicho proyecto ha sufrido durante la tramitación de la autorización invalidan la misma, y requieren que se reinicie el proceso de adjudicación de la AAI. Cualquier declaración por parte de Bonig que evite pronunciarse sobre estas dos cuestiones y aluda a condiciones hipotéticas no puede más que tomarse como una ofensa y una provocación a la paciencia de miles de personas indignadas con esta situación.
2. La consellera prometió resolver las Alegaciones antes del pasado cinco de Noviembre, plazo que ha prorrogado de manera unilateral e indeterminada. El Grupo no cree casual que este aplazamiento se dé a quince días de las elecciones generales, y exige que no se juegue más con la paciencia y los sentimientos de miles de habitantes de l'Alcora, Castellón, Moró, Llucena, Costur, Vila-Real, Onda y muchos otros municipios de l'Alcalatén y La Plana. Consideramos que la postura de Conselleria constituye una falta de respeto hacia todos esos ciudadanos que supuestamente representa y sirve.
3. El Grupo siempre ha abogado por fomentar el derecho de cada individuo al ejercicio de la protesta de manera pacífica y ordenada, y todas sus reivindicaciones se realizan de manera cívica y tolerante. Sin embargo, es consciente de que buena parte de la ciudadanía se impacienta ante la falta de respeto y consideración mostradas por la consellera. Ante esta situación, el Grupo desea llamar a todos los ciudadanos afectados a la calma, pero no se hace responsable en ningún caso de las acciones que éstos, llevados por una comprensible indignación, puedan llevar a cabo de manera autónoma. En todo caso, entendemos que sería Conselleria la responsable por el maltrato de que está haciendo objeto a la población.
Por su parte, el Grupo continua con su agenda de actos y acciones informativas encaminadas a concienciar a un número de personas cada vez mayor del enorme riesgo para la salud que supone la instalación de una planta incineradora de este tipo. Para el próximo 10 de Diciembre ha convocado una marcha de protesta que partirá de l'Alcora y de Sant Joan de Moró y que concluirá frente a las instalaciones de Reyval SL. Además, sigue en marcha la campaña de recogida de firmas para mostrar a los responsables de Sanidad de la provincia de Castellón el enorme respaldo ciudadano contra este tipo de instalaciones. En este sentido, el Grupo está a la espera de confirmar una una reunión con don Antonio Arias Sánchez -director de Salud Pública de Castellón- y doña Elvira Bosch Reig -directora territorial de Sanidad en Castellón-, para para informarles del grave riesgo para la salud pública que supone la incineradora que se pretende instalar en l'Alcora.
La mayoría de investigaciones epidemiológicas realizadas en torno a incineradoras señalan que estas instalaciones afectan a la salud de la población situada en una radio de 25 kilómetros, lo que trasladado a nuestra provincia supone unas 350.000 personas. Este tipo de estudios pone de manifiesto la existencia de una relación directa entre la construcción de incineradoras y el aumento de enfermedades como el cáncer, las alteraciones de sistema nervioso central, del sistema inmunológico y otras, relacionadas con los contaminantes emitidos por ellas, metales pesados, dioxinas y furanos, PCBs, etc.
La incineradora de Reyval prevé tratar un volumen de unas 135.000 toneladas de residuos tóxicos y peligrosos al año, lo que supone la mayor instalación de este tipo en España.
Grupo de Participación Ciudadana 2.0 No a la Incineradora de l'Alcora
La Comisión Europea solicitará a las autoridades españolas información sobre el permiso y las condiciones de funcionamiento de la futura incineradora de l'Alcora (Castellón), así como sobre la forma en que los ciudadanos han sido informados del proceso de concesión de permisos, según una respuesta a una pregunta formulada por el eurodipado de Iniciativa Raül Romeva. 
