La Dirección de Salud Pública de Castellón ha iniciado una investigación sobre los posibles riesgos sanitarios de la planta de tratamientos de residuos de la empresa Reyval en L'Alcora, según anunciaron ayer la Plataforma Ciudadana No a la Contaminació y el Grup de Participació Ciutadana 2.0, en cuyo nombre se presentó la solicitud por parte del Consejo de Salud de Castellón con el respaldo de 9.198 firmas.
El escrito exponía el desacuerdo de los vecinos con la autorización ambiental integrada concedida a Reyval Ambient para construir una incineradora de residuos tóxicos. También denunciaba que se han detectado emisiones difusas procedentes de la actual planta de tratamiento de residuos que la empresa gestiona en L'Alcora y aportaba 126 declaraciones de personas que se quejan de irritación de nariz, garganta y ojos, dolores de cabeza y mareos, y viven o trabajan en un radio de tres kilómetros de la planta.
Por este motivo se solicitaba a Salud Pública una revisión detallada y rigurosa de las instalaciones. En su respuesta, el director de Salud Pública, Antonio Arias, aclara en primer lugar que no cabe oposición por parte de su organismo a instalaciones que cumplan la normativa europea y que la verificación del correcto funcionamiento de la planta corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental. Pero en lo que atañe a sus competencias, la dirección de Salud Pública inicia una investigación sanitaria sobre los posibles riesgos de la instalación para la salud de los ciudadanos, según los colectivos denunciantes.
La empresa Reyval, sin embargo, niega que vaya a ser investigada y acusa a los colectivos de demagogia y de crear alarma social. Según Reyval, mantuvo una reunión con Arias para presentarle el proyecto de la futura incineradora y no se mencionó una posible investigación. La empresa añade que las "inspecciones semanales" de la actual planta por parte de Medio Ambiente siempre "han sido favorables".
El escrito exponía el desacuerdo de los vecinos con la autorización ambiental integrada concedida a Reyval Ambient para construir una incineradora de residuos tóxicos. También denunciaba que se han detectado emisiones difusas procedentes de la actual planta de tratamiento de residuos que la empresa gestiona en L'Alcora y aportaba 126 declaraciones de personas que se quejan de irritación de nariz, garganta y ojos, dolores de cabeza y mareos, y viven o trabajan en un radio de tres kilómetros de la planta.
Por este motivo se solicitaba a Salud Pública una revisión detallada y rigurosa de las instalaciones. En su respuesta, el director de Salud Pública, Antonio Arias, aclara en primer lugar que no cabe oposición por parte de su organismo a instalaciones que cumplan la normativa europea y que la verificación del correcto funcionamiento de la planta corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental. Pero en lo que atañe a sus competencias, la dirección de Salud Pública inicia una investigación sanitaria sobre los posibles riesgos de la instalación para la salud de los ciudadanos, según los colectivos denunciantes.
La empresa Reyval, sin embargo, niega que vaya a ser investigada y acusa a los colectivos de demagogia y de crear alarma social. Según Reyval, mantuvo una reunión con Arias para presentarle el proyecto de la futura incineradora y no se mencionó una posible investigación. La empresa añade que las "inspecciones semanales" de la actual planta por parte de Medio Ambiente siempre "han sido favorables".
Fuente: El País
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