Las polémicas prácticas de Reyval han llegado hasta la Fiscalía de Castellón. Y es que, después de una nueva denuncia vecinal y que la Policía Autonómica localizara más de 1.900 barriles con supuestos residuos peligrosos que la mercantil acumulaba en una nave anexa, como publicó el martes Mediterráneo, este cuerpo ha decidido pedir al fiscal que investigue el caso por un presunto almacenamiento clandestino.
Así lo ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, quienes han remarcado la necesidad de esclarecer cómo trabaja la mercantil, ya que cuenta con la autorización de la Generalitat para abrir una incineradora, lo que ha despertado la movilización ciudadana encabezada por la alcaldesa, Merche Mallol.
Precisamente ayer, tras la reunión del consorcio de basuras de las zonas II, IV y V, Mallol se reunió con el presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner, para explicarle la situación y pedirle apoyo. Fuentes del organismo provincial señalan que Moliner se interesó por conocer el asunto con detalle aunque prefirió no tomar partido. "Esta es una cuestión que, de momento, deben resolver el Ayuntamiento y la Generalitat", detalló.
Mientras, los vecinos siguen recogiendo firmas y el consistorio está a la espera de que los técnicos finalicen el recurso de alzada para que pueda pasar por pleno. Por lo tanto, este punto no se podrá incluir en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy.
En la calle, la preocupación es evidente. No en vano, la batalla con Reyval viene de lejos. Aunque ya se empezó a hablar del proyecto de incineradora en 2006, es desde 2008 cuando empezaron a reproducirse las quejas ciudadanas por los fuertes olores de Reyval, sospechando que se quemaban residuos no permitidos en la planta. Tras numerosas denuncias, la mercantil fue multada con una sanción de 100.000 euros y la obligatoriedad de ceñirse a su actividad.
Así lo ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, quienes han remarcado la necesidad de esclarecer cómo trabaja la mercantil, ya que cuenta con la autorización de la Generalitat para abrir una incineradora, lo que ha despertado la movilización ciudadana encabezada por la alcaldesa, Merche Mallol.
Precisamente ayer, tras la reunión del consorcio de basuras de las zonas II, IV y V, Mallol se reunió con el presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner, para explicarle la situación y pedirle apoyo. Fuentes del organismo provincial señalan que Moliner se interesó por conocer el asunto con detalle aunque prefirió no tomar partido. "Esta es una cuestión que, de momento, deben resolver el Ayuntamiento y la Generalitat", detalló.
Mientras, los vecinos siguen recogiendo firmas y el consistorio está a la espera de que los técnicos finalicen el recurso de alzada para que pueda pasar por pleno. Por lo tanto, este punto no se podrá incluir en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy.
En la calle, la preocupación es evidente. No en vano, la batalla con Reyval viene de lejos. Aunque ya se empezó a hablar del proyecto de incineradora en 2006, es desde 2008 cuando empezaron a reproducirse las quejas ciudadanas por los fuertes olores de Reyval, sospechando que se quemaban residuos no permitidos en la planta. Tras numerosas denuncias, la mercantil fue multada con una sanción de 100.000 euros y la obligatoriedad de ceñirse a su actividad.
Fuente: Mediterráneo
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